Esta mañana en rueda de prensa en la Secretaría de Movilidad y Transporte, el secretario Guillermo Aréchiga habló acerca de las sanciones económicas y pena corporal que pueden recibir aquellos concesionarios que ofrezcan el servicio de transporte público y no tengan el permiso para realizarlo, es decir, transporte pirata, incluso aplicará a los operadores de dichos vehículos.
La pena corporal que recaería en concesionarios sería de 8 meses hasta 6 años de prisión, y para el caso de los operadores aunque sean empleados de los antes mencionados podrían ser agraviados por delito de complicidad. “Nos queda claro que en un vehículo deben de coincidir las placas, el tarjetón, las placas de circulación, absolutamente todo esto debe de coincidir en un vehículo para que tenga la concesión, es evidente que un vehículo si tiene las placas sobrepuestas es pirata y por supuesto que lo va a saber quién lo opere y por su puesto que lo va a saber el dueño de la concesión. -¿Pero qué delito sería, de complicidad?- Así es, es una reforma al código penal.”
Mencionó A partir del día 13 de febrero del presente año se hará público el calendario para la revisión de las modificaciones tecnológicas con las que deben contar el transporte público, según al tiempo estipulado que dio el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, dijo el secretario que esta revisión se debe llevar a cabo en menos de 90 días.