Mientras a nivel país ya se dio el cambio de poderes: el PRI dejó Palacio Nacional y Los Pinos en manos de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, en Puebla la moneda sigue en el aire. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún no ha dictado su resolución a la impugnación que el morenista Luis Miguel Barbosa presentó ante el resultado electoral que da el triunfo a la candidata del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.
LADO B con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) investigó durante varios meses lo sucedido en el proceso electoral estatal, un proceso que deja en duda los mecanismos de la democracia poblana, y revisó desde lo sucedido el día de la jornada y los patrones de la violencia, hasta la captura institucional del árbitro electoral local, pasando por la compra y coacción del voto, las debilidades de la cadena de custodia y las irregularidades que arrojan las cifras del cómputo electoral (sin conocer aún los datos del recuento ordenado por el TEPJF que siguen bajo reserva).
Este es el resultado de esa investigación, una serie de cinco entregas que se publicarán en el transcurso de esta semana, a unos días de que se conozca la resolución de los magistrados electorales
LADO B
1 de julio, la estrategia: reventar la elección
La noche del sábado 30 de junio en las bodegas ubicadas atrás del Mercado Hidalgo hubo un movimiento inusitado.
Durante el día es una de las zonas más transitadas de la ciudad, pues el Hidalgo colinda con el Mercado Unión; a unos pasos hay un centro comercial, decenas de locales y está a menos de un kilómetro de la Central de Autobuses, pero en la noche las calles se vacían y se vuelven –más– peligrosas.
Sin embargo, horas antes de la jornada electoral más grande y compleja que ha vivido el estado de Puebla, hasta esas bodegas, donde en 2015 hallaron un tráiler con reporte de robo, llegaron decenas de sujetos a bordo de varios autos.
La mayoría provino de algún barrio de la ciudad respondiendo a la convocatoria de su pandilla y ya sabían qué hacer: “cuidar las casillas del PAN” y, si era necesario, “hacer desmadre”. El pago prometido osciló entre los 500 y los 2 mil pesos; según el sapo, la pedrada.
Este “contrato de servicios” no es inédito. Operadores de diferentes colores y pandilleros, con los que habló LADO B, cuentan que el uso de grupos de choque es una constante electoral, pero en esta ocasión tuvo una característica particular: el grupo que daba las órdenes tenía un mayor nivel de violencia, portaba armas de fuego e intimidaba a la menor provocación.
“A nosotros –dijo Juan Pablo Cortés, abogado de la coalición Juntos Haremos Historia, a LADO B– nos notificaron de la presencia de hombres armados en esas bodegas la mañana del domingo 1 de julio”.
Lo mismo declaró Jordán Miranda Trejo, consejero local del INE, al periodista Sergio Mastretta: “En la sesión de Consejo Local y vía whatsapp, muy temprano, recibimos información de grupos de gente armada que se estaba organizando en ciertos lugares. En el Consejo Local, el representante del Partido del Trabajo (José Germán Elvira) informaba de grupos armados atrás del Mercado Hidalgo”.
Para esa hora, los pandilleros convocados una noche antes ya estaban distribuidos en todo el estado y a la espera de instrucciones.
Primero la calma
Puebla llegó a la jornada del 1 de julio con la sombra de la violencia a sus espaldas.
El estado ocupó el segundo lugar nacional, junto con Michoacán y Oaxaca, en número de asesinatos políticos durante las campañas electorales. Y fue la entidad más violenta del proceso electoral, de acuerdo con el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018, realizado por la consultora Etellekt: 31 homicidios, de los cuales 15 eran precandidatos o candidatos, y 113 agresiones se registraron entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018 en contra de personas relacionadas con los comicios.
Durante los últimos dos meses de campaña los niveles de violencia obligaron al gobierno del estado a hacerse cargo de la seguridad en tres municipios; dos de estos vinculados con el huachicol o robo de combustible: San Martín Texmelucan y Amozoc.
Foto: Ámbar Barrera
Que se desatara la violencia el día de la elección no fue del todo inesperado. La sorpresa fue que la mayor parte de ella, la más visible, estallara en la capital.
El arranque de la jornada electoral fue con relativa calma.
La única “incidencia” digna de titulares fue el robo de dos paquetes electorales en Izúcar de Matamoros –la entrada a la mixteca a 69 kilómetros de la capital– a las 6:30 a.m. en la sección 741 contigua 1, con 1656 boletas de la elección para gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.
La “incidencia”, como calificó la autoridad electoral a todos los sucesos del día sin mediar niveles, sucedió en el domicilio de la funcionaria de casilla Teresa de Jesús Hernández Navarro, y se denunció ante el Ministerio Público a las 9 de la mañana.
Fue la única casilla que no se instaló.
Cerca del mediodía, las quejas ciudadanas en redes sociales se concentraron en la insuficiencia de boletas en las casillas extraordinarias, mientras en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) los representantes de los partidos reportaron “incidencias” menores en otros municipios. Pero hasta el primer receso de la sesión de ese día, a la 1:38 p.m., la jornada transcurrió con cierta normalidad.
El Partido Acción Nacional (PAN), del cual emana la ex candidata de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo, el ex gobernador, Rafael Moreno Valle, recibió a las 10 de la mañana su primer corte estadístico sobre la elección, y recibió otro cada dos horas.
Antes de las 2 de la tarde, el equipo de la hoy gobernadora electa sabía que la votación en el municipio de Puebla no le favorecía y sabía, además, en qué colonias le favorecía menos. A esa hora algunos representantes del PAN, de las zonas que serían golpeadas por la violencia, abandonaron sus casillas confió a LADO B un operador del PAN.
A las 2:15 comenzaron los ataques.
El primero se registró en la sección 1408, en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad, en los límites con Tlaxcala.
A las 3 en punto, la sección 1410, en la misma zona, fue atacada a balazos y hubo un intento fallido de robo de urnas.
Diez minutos más tarde, ahora 14 kilómetros al sur de la ciudad, a la sección 1593, ubicada en la escuela primaria Cadete Vicente Suárez, ingresaron varios hombres armados que dispararon al aire, amagaron a funcionarios y electores y trataron de robarse las urnas.
Muy cerca de ahí, media hora después, en la sección 1206 de la colonia popular Loma Bella, sujetos desconocidos se robaron los votos.
Antes de las 2 de la tarde, el equipo de la hoy gobernadora electa sabía que la votación en el municipio de Puebla no le favorecía y sabía, además, en qué colonias le favorecía menos. A esa hora algunos representantes del PAN, de las zonas que serían golpeadas por la violencia, abandonaron sus casillas confió a LADO B un operador del PAN.
De manera simultánea, del otro lado de la ciudad, en la sección 981 en la Colonia Aquiles Serdán, cuatro hombres entraron disparando, hirieron a dos de los funcionarios de casilla, y trataron de robar una urna.
El pánico se trasladó a las redes sociales donde la gente comenzó a publicar fotos y videos que daban cuenta del desconcierto, los votos regados en el piso y las casillas destruidas. En las publicaciones pedían auxilio a la policía, a las autoridades electorales y al gobernador Antonio Gali.
Los ataques se perpetraron cada 10 o 15 minutos en diferentes colonias del norte y sur de la ciudad, lejos del centro, en 111 casillas de 24 secciones electorales, según registros hemerográficos y periodísticos. Aunque de manera oficial sólo se reconocieron 74 en 17 secciones, pero en el proyecto de sentencia que hizo público el magistrado José Luis Vargas Valdéz la noche del domingo sólo se reconocen 59 casillas atacadas (acá se puede descargar el proyecto de sentencia).
En algunas zonas, los negocios comenzaron a cerrar. Si bien la reacción natural de pánico ahuyentaba a la gente, a los pocos minutos otra vez ya había personas arremolinadas afuera de las casillas, desafiando al miedo para poder votar.
A su suerte
“En el 911 no contestan”, comenzaron a denunciar en redes sociales. Desde la redacción de LADO B hubo al menos 3 intentos para contactar al 911 y, en efecto, no contestaron.
“Cuando llegó la gente armada nos encerramos en los salones y nos tiramos al suelo. Escuchamos varias detonaciones”, relata alguien en uno de los videos que circularon en internet. La voz tiembla y se entrecorta mientras la cámara del teléfono graba erráticamente la casilla 1593 en la Escuela primaria federal Cadete Vicente Suárez, en San Francisco Totimehuacán.
“La gente está asustadísima, está muy espantada, hicieron varias detonaciones dentro de la escuela, no sabemos qué hacer, solicitamos que las autoridades vengan y por favor ustedes compartan lo que está sucediendo en esta casilla, porque no es posible que no tengamos un derecho como votar, la gente se está yendo porque tiene miedo, no podemos seguir viviendo con miedo”.
A esa casilla la policía llegó una hora después.
El ataque a la sección 1078 de la colonia Barranca Honda, donde una bala rozó a un votante, sí logró ser reportado inmediatamente al 911. Eran alrededor de las 3 de la tarde.
Para entonces la emergencia ya había llegado hasta los integrantes de la Junta Local del INE. Los consejeros electorales Gerardo Sánchez y Jordán Miranda comenzaron a pedir auxilio a las autoridades.
En el grupo de whatsapp “CHAT INE”, creado ex profeso para mantener contacto directo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado durante la jornada electoral, Gerardo Sánchez Yáñez comenzó a mandar mensajes solicitando que se atendiera la emergencia.
A la sección 1012, ubicada a seis minutos a pie de la Policía Municipal, nunca llegó la fuerza pública, por lo que el presidente del Consejo Distrital 9 del INE, Héctor Castro Rivadeneyra, llamó directamente al INE en CDMX para solicitar apoyo de fuerzas federales, ya que ni el estado ni el municipio atendieron su llamado.
“Todas las respuestas eran: ya van, ya van, en un momento. Y entre ellos se decían: fulano, atiende. Sí, señor”, recuerda Gerardo Sánchez.
También Jordán Miranda pidió la intervención de las autoridades pero sólo contestaban: “Enterado”, “Checa el tema […] por favor”, “Enterado, jefe”. Ninguna solución concreta.
Cerca de las 4:30 en Barranca Honda sólo había una patrulla y personal de Protección Civil, pero eran insuficientes para el desorden que imperaba: unas 500 personas exigían votar y algunos funcionarios de casilla habían huido por una barda trasera.
A la sección 1012, ubicada a seis minutos a pie de la Policía Municipal, nunca llegó la fuerza pública, por lo que el presidente del Consejo Distrital 9 del INE, Héctor Castro Rivadeneyra, llamó directamente al INE en CDMX para solicitar apoyo de fuerzas federales, ya que ni el estado ni el municipio atendieron su llamado.
“En algún momento, alrededor de las 21:30 horas, después de una hora de insistir, reporté por whatsapp al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI TELEGRAM) del ayuntamiento de Puebla la necesidad de seguridad pública en la Escuela Primaria Hermanos Serdán de la Colonia Tres Cruces (Sección 1537, distrito 12), toda vez que habían pasado cuatro horas y la policía no llegaba para ayudar a salir a los funcionarios de casilla. El reporte fue canalizado con el Folio 33900897. Desconozco qué pasó después”, dijo el consejero Jordán Miranda. La agresión a esa casilla dejó tres personas heridas, una de ellas por arma de fuego.
Ya cerca del cierre de casillas, el presidente del Consejo General del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, aseguró en la sesión permanente que su enlace en el Grupo de Coordinación Puebla, Ulises Ramírez Durana, informaba sobre las “incidencias” violentas. En ese grupo, explicó el consejero, estaban “los 3 niveles de gobierno […] está el ejército, policía federal, policía estatal, Secretaría General del Gobierno y Policía, y el enlace también para la policía de los Ayuntamientos”.
Ese día, el gobernador Antonio Gali Fayad sólo mandó dos mensajes a la ciudadanía desde su cuenta de Twitter. El primero, a las 10:57 de la mañana, para anunciar que ya había emitido su voto y que “Está garantizada la seguridad en Puebla para que la población ejerza su derecho a votar en un ambiente de paz y tranquilidad.”
El segundo, a las 1:10, una hora antes de que iniciara la violencia en la capital poblana, en donde anunció que estaba en Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, junto con el gabinete de seguridad “para cuidar el orden durante la jornada electoral”, y agregó: “Informo que los comicios transcurren con normalidad”.
Me reúno en Casa Aguayo con el gabinete de seguridad para cuidar el orden durante la jornada electoral. Los tres niveles de gobierno estamos trabajando en coordinación para que los poblanos tengan la confianza de salir a votar. Informo que los comicios transcurren con normalidad. pic.twitter.com/RhgjS3uJPA
— Tony Gali (@TonyGali) 1 de julio de 2018
Una hora después comenzó el caos y el gobernador enmudeció, no hubo más tuits ni comunicados oficiales ni nada. De un lado silencio, del otro gritos y balas.
Se buscó al presidente del organismo electoral poblano para la realización de este trabajo periodístico sin obtener respuesta a las varias solicitudes de entrevista que se le hicieron llegar. La Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado tampoco atendieron la solicitud de entrevistas para conocer su postura sobre lo sucedido el día de la jornada electoral.
Modus operandi
Un video del ataque en la sección 1369, en la colonia La Loma, da cuenta de la precisión con que se cometieron los ataques: apenas necesitaron un minuto con veinte segundos.
Por la hora en que sucedieron se presume que participaron al menos tres grupos en el norte y tres grupos en el sur de la ciudad, pues hubo eventos simultáneos en ambas zonas. Y participaron no menos de 48 personas.
En cada ataque participaron dos vehículos, uno de ellos casi siempre fue una camioneta con al menos cuatro tripulantes. De uno de los automóviles bajaban los hombres armados, el otro servía de vigía y escolta.
Otro video, de la sección 1078, de solo 43 segundos sintetiza la escena que sembró el pánico: inicia con una imagen obstruida por un poste de luz; es una calle en cuyo fondo se alcanza a ver una camioneta blanca sin placas, aparentemente vacía. A los pocos segundos se sube el conductor, seguido de otros que brincan a la batea. La escena cambia abruptamente, se escuchan gritos mientras el viento golpea el micrófono del teléfono que sigue grabando y se mueve sin control hacia la esquina contraria, hasta fijarse nuevamente en dirección a la calle por donde sale la camioneta a toda velocidad. En la batea va un hombre sosteniendo un arma larga, la porta de frente, apunta hacia arriba. A su lado hay seis sujetos, tres van de pie. Esta comitiva del terror va custodiada por una camioneta negra, también sin placas, en la que se distinguen sólo dos personas, piloto y copiloto.
Foto: Ambar Barrera
La selección de las secciones que atacaron, aunque pareciera aleatoria, podría no serlo. Además de que todas fueron en la periferia de la ciudad, coinciden en que son secciones con casillas múltiples, en promedio 4.9, algunas incluso 10; es decir, la violencia inhibió el voto en secciones que son más concurridas.
Para Alejandro Guillén, politólogo e investigador de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), “quien planeó estos acontecimientos (violentos) conoce la ley, quienes operaron esto sabían perfectamente bien que los funcionarios de casilla iban a suspender la elección”.
En su análisis de lo sucedido el día de la jornada electoral (que se puede leer aquí) el ataque violento fue “una acción concertada y no hechos aislados”.
De acuerdo con dos operadores del PAN que prefieren la gracia del anonimato, el partido sabía de antemano en qué colonias no tenía ventaja gracias a un elaborado esquema de encuestas telefónicas y sistema de detección de votantes.
La sospecha
Cerca de las 4:30 de la tarde uno de los grupos armados robó las casillas en la sección 1534 de la colonia Xilotzingo. Una funcionaria de casilla compartió su testimonio en redes sociales donde relata que hubo siete detonaciones “con total intención” de infundir miedo. Y lo lograron. “Destruyeron todo. Se están robando todas las casillas”, dijo la funcionaria con los ojos llorosos.
Los tipos escaparon del lugar a bordo de una camioneta Ford E-150 rotulada como “Agencia del Ministerio Público”, con logos del gobierno del estado de la anterior administración, la de Rafael Moreno Valle.
El vehículo tenía placas de la ciudad de México P12AJX que, de acuerdo con el Registro Público de Vehículos (Repuve) del gobierno federal, no existen. Lo que sí existe en ese registro es la placa SL15871, la misma cadena de dígitos de uno de los engomados visibles en el parabrisas del vehículo. Ese número fue asignado a una camioneta Ford Econoline E-150 modelo 1999 y fue registrada ante el Repuve por la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla.
Los tipos llevaban doce urnas y salieron disparados rumbo a la avenida Xilotzingo, donde chocaron aparatosamente con otro vehículo que transitaba por el lugar. El ruido de la embestida alertó a los vecinos, que se acercaron a ayudar a los heridos hasta descubrir que dentro del vehículo había urnas robadas, material electoral y dinero. El rescate se convirtió entonces en detención. Los vecinos golpearon y retuvieron a 2 hombres; otros 5 se dieron a la fuga.
Mientras en otros puntos de la ciudad en donde hubo robo de urnas y violencia la policía tardó en reaccionar, en Xilotzingo la respuesta fue desmedida. Más de 100 elementos estatales sitiaron el lugar “para que no se saliera de control, dijo uno de los policías”, aunque su actuación fue cautelosa.
La situación se fue poniendo tensa pues los vecinos, que también rebasaban la centena, no querían entregar a los sujetos ni a la policía municipal ni a la estatal. Lo que exigían era la presencia de federales y autoridades electorales para que contaran los votos sustraídos; la misma exigencia que se repitió en otros puntos de la ciudad que fueron violentados: querían que sus votos contaran. Pero no lo consiguieron, las casillas fueron anuladas.
Luego de varias horas, y de jaloneos entre ciudadanos y la policía, finalmente la zona se tranquilizó.
Los dos detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión ilegal de documentos y materiales electorales, de acuerdo con información que dio a conocer la FEPADE el 11 de julio. Hasta la fecha no hay más datos oficiales sobre el proceso.
Tres meses después, el vehículo particular con el que chocó la camioneta de los ladrones, un jeep tripulado por una pareja de adultos mayores, no ha sido devuelto a sus dueños. Un familiar de los agraviados confirmó que no se ha fincado responsabilidad a los detenidos por el choque, y las autoridades no les han dado solución.
Nadie sabe, nadie supo
La noche previa a la jornada electoral, cuando pandilleros y grupos de ataque se concentraron en las bodegas detrás del mercado Hidalgo, un policía informó a uno de los operadores del PAN que les habían dicho que tuvieran cuidado, que habría desmanes en la ciudad; “que operaría la gente de Eukid Castañón”, ex contralor del estado y ex diputado federal que forma parte del grupo más cercano al ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Al día siguiente, la mañana del 1 de julio, los elementos de la Policía Estatal fueron llamados más temprano de lo usual y acuartelados. Solo supieron de la violencia desatada en la ciudad a través de sus teléfonos celulares.
Alrededor de las 4 de la tarde, un grupo que fue sacado en convoy recibió solicitudes de ayuda al pasar por la salida a Tehuacán, donde un grupo de personas le hizo señas, pero el chofer del vehículo dijo que tenía orden de no detenerse.
Otros elementos salieron a patrullar pero sin armas. “¿Así cómo íbamos a poder hacer algo si había violencia?”, contó uno de ellos a LADO B.
Otros fueron enviados más tarde a calmar la situación en Xilotzingo pero sin seguir el protocolo normal, sino solo limitándose a hacer acto de presencia.
Las siguientes patrullas salieron hasta las 8 de la noche, cuando los ataques a las casillas ya se habían terminado, junto con la votación.
Tres días después, el 4 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, declaró a los medios que la seguridad del proceso electoral había estado a cargo de la Policía Municipal.
“Tenemos personal acuartelado y lamentablemente ese día, a esa hora crítica que se dieron estos hechos, personal de la Policía Estatal estaba desplegado en los otros municipios donde la autoridad electoral nos lo pidió y como estaba establecido en el protocolo de seguridad”.
Al preguntar a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) cuántas llamadas de auxilio había recibido relacionadas con la elección, contestó que la solicitud de información hecha “no era de su competencia”.
La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de quien opera el C5, donde se reciben las llamadas del 911, dijo en respuesta a una solicitud de información que había recibido sólo 51 llamadas de auxilio relacionadas con el proceso electoral (folio 01314218)
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó haber recibido, el 1 de julio, 317 reportes y denuncias relacionados con la jornada electoral; esto es, una denuncia cada 1.8 minutos en promedio.
De los 317 reportes, 148 los recibió a través del sistema Fepadenet; 26 en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5); 21 denuncias por escrito y 122 llamadas telefónicas, mientras que la FEPADEP dijo haber recibido directamente 298.
Sin explicaciones ni responsables
La violencia que se desató el 1 de julio en la cuarta ciudad más grande del país se mantuvo sin parar hasta diez minutos antes de las 6 de la tarde, al cierre de las casillas.
A la fecha, de acuerdo con el INE, hay 20 procedimientos administrativos sancionadores radicados en la unidad técnica de lo contencioso electoral respecto de presuntas infracciones cometidas en el estado de Puebla en este proceso electoral federal, de las cuales ninguna es sobre la violencia del 1 de julio.
En palabras del consejero Gerardo Sánchez, la impunidad de la violencia electoral en Puebla es un retroceso para la democracia.
“Si ven que no pasó nada, (en) la siguiente elección alguien de otro estado puede decir, si en Puebla lo hicieron y no pasó nada, se repite. Es una pésima señal para la democracia en México que nos ha costado muchísimo trabajo a todos, años y años, y que nos cuesta mucho dinero. ¿Por qué son tan caras las elecciones? Por esa desconfianza que tenemos. Por qué tienen tantas medidas de seguridad las boletas, por qué se trasladan como se trasladan, por qué se custodian como se custodian; todas las pruebas que hacen, todo lo que cuestan, mucho dinero y muchas horas, ¡hombre, por qué! Pues porque hay mucha desconfianza, vamos avanzando un poquito, y esto nos regresa”.
(Con información de Aranzazú Ayala, Mely Arellano, Marlene Martínez y Ernesto Aroche)
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