Hace poco más de un año fue la Ley de Seguridad Interior y hoy es la Guardia
Nacional. El plan es la militarización de la seguridad pública y la procuración
de justicia.
Organismos nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos,
víctimas de la violencia, especialistas en temas de seguridad, y ciudadanos y
ciudadanas preocupadas por las consecuencias de la guerra, dimos una batalla de
más de un año que derivó en el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior y el
fraude que se buscaba hacer a la Constitución, tal y como lo advertimos desde
nuestro colectivo.
Ahora, la historia se repite en una modalidad más peligrosa: La Guardia Nacional,
propuesta por el nuevo gobierno busca pasar del fraude a la constitución a la
militarización desde la misma, a pesar de todo el dolor y evidencia que en 12 años
nos ha demostrado que ésta no debe ser la vía.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300
organizaciones y personas, hemos constatado la falta de argumentos y el desprecio
a la evidencia que en el debate público han mostrado quienes defendieron la
Guardia Nacional el pasado mes de diciembre. 16 personas –entre quienes se
encuentran el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos en México y el Ombudsperson nacional– comparecieron en la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, posicionándose en contra
del proyecto; pero el dictamen votado y aprobado por dicha comisión borró
cualquier consideración o evidencia mostradas por quienes acudieron.
Las presiones del Secretario de Seguridad Pública impusieron un proceso de
simulación que derivó en la incorporación de reservas al dictamen original, que de
ninguna forma resuelven los problemas del proyecto de reforma constitucional.
Nuestro colectivo estuvo presente, se manifestó contra la simulación y solicitamos
a la Comisión que se volviera a consultar y se abriera un proceso más amplio y
representativo. Hoy, reconocemos la voluntad de los liderazgos en el Congreso,
quienes impidieron que la votación en el Pleno de la Cámara se llevara acabo.
Sin embargo, los recientes anuncios y acciones del Gobierno Federal (como la
convocatoria a jóvenes para integrarse a una corporación aún inexistente o el
anuncio de un periodo extraordinario para votar la reforma) intentan construir
una narrativa de decisión tomada que atenta directamente contra la
independencia del poder legislativo.
Ante la realización de las audiencias que se llevarán a cabo esta semana en la
Cámara de Diputados –y que de ninguna forma deben usarse para imponer la
mayoría de razón a la razón misma– desde #SeguridadSinGuerra exhortamos al
Congreso de la Unión a incorporar las siguientes propuestas metodológicas en el
desarrollo de las audiencias públicas que se llevarán a cabo entre el 8 y 12 de
enero:
1) Que la Junta de Coordinación Política y las diputadas y diputados que
moderarán y asistirán a las audiencias, adopten el cuestionario que se
adjunta, el cual deberá ser contestado en su totalidad para incorporarlo
al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por tratarse de
preguntas fundamentales sobre los efectos del despliegue militar,
transparencia y funcionamiento de la Guardia Nacional, y desmilitarización
de la Seguridad Pública. Las preguntas podrán ser contestadas a partir de
los cuestionamientos hechos directamente a los ponentes y a través de
solicitudes de información a las dependencias correspondientes.
2) Que se brinden las facilidades para la instalación in situ de un Comité
Ciudadano de Acompañamiento en las audiencias. El Comité elaborará una
relatoría de cada mesa y presentará un Dictamen Ciudadano al final de las
éstas, el cual debe ser incorporado al Dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales.
3) Que se permita la participación del Comité Ciudadano de Acompañamiento
para realizar al menos un cuestionamiento a cada ponente, con el objetivo
de desahogar e incorporar las inquietudes de la sociedad civil.
4) Que se convoque a participar en las audiencias a colectivos de víctimas y
quienes les acompañan. La voz de quienes han padecido excesos de las
Fuerzas Armadas y/o buscan a sus seres amados, es necesaria en el
desarrollo del debate público, para que el mismo sea considerado suficiente.
Legislar con evidencia y en Parlamento Abierto es más necesario que nunca. Si
en verdad los tiempos han cambiado y quienes hoy gobiernan y legislan son
diferentes, no puede actuarse de la misma forma, usando al Congreso de la Unión
como una ventanilla de trámite. Para construir paz, reafirmamos, aquí estamos y
estaremos.
