El Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) anunció que los comicios presidenciales y legislativos se realizarán el próximo 7 de noviembre.
l terremoto magnitud 7,2 que azotó el sur de Haití el sábado 14 de agosto terminó por añadir una nueva tragedia a un país que aún no terminaba por asimilar el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en medio de la pandemia del covid-19.
Hasta este lunes, el Gobierno haitiano reportaba más de un millar de víctimas fatales y unos 6.900 heridos en los departamentos Sur, Grand’Anse y Nippes. En cifras preliminares, se estimaron más de 13.500 casas destruidas y otras 13.700 viviendas con daños. El primer ministro Ariel Henry declaró estado de emergencia en el país y se comprometió a «actuar con más celeridad» para ayudar a los damnificados.
«La gestión de la ayuda va a ser acelerada«, dijo Henry sobre la movilización de la comunidad internacional para aliviar la situación humanitaria actual, incluyendo las toneladas de alimentos y los equipos de rescate ofrecidos por países latinoamericanos.
Mientras la ayuda humanitaria se encamina a Haití, los ciudadanos viven en la incertidumbre sobre si los envíos podrán ser suficientes para paliar las necesidades básicas de una población que lucha cada día por adquirir lo justo para sobrevivir. Todo esto en medio del recelo que despierta la movilización de la comunidad internacional, con un pasado lleno de abusos, la búsqueda de intereses propios y una completa desorganización para ayudar a los más necesitados en la nación.
Crisis política
El terremoto que sacudió el sur del país ahondó aún más la crisis política que vivía el país, previo al magnicidio de Moïse, presuntamente perpetrado por 18 exsoldados colombianos, un empresario haitiano radicado en Florida (EE.UU.) y 20 policías del país antillano, incluyendo a varios agentes de la seguridad presidencial.
«Haití pasa por una crisis muy profunda, en una situación sin igual, que la Constitución no ha previsto», dijo a RT Jean Waltés Bien-Aimé, un periodista y profesor de inglés y español que da clases en un liceo de la provincia de Arcahaie, a unos 45 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana.
Bien-Aimé utiliza la palabra embrollo para definir la crisis política que se vive en Haití desde el 7 de febrero de 2021, cuando Moïse decidió continuar por un año más su mandato, con la excusa de que la Constitución contemplaba un período de cinco años y alegando que él había asumido su el 7 de febrero de 2017, ya que las denuncias de fraude e irregularidades durante las elecciones de octubre de 2015 obligaron a la repetición de los comicios un año después, en los que ganó por mayoría en un ejercicio de participación que no llegó al 20 %.
De esta manera, el candidato del partido del Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) ignoró que la Constitución establece que el presidente electo «entra en sus funciones inmediatamente después de la validación de la boleta y se considera que su mandato comenzó el 7 de febrero del año de la elección».
Esto significaría que el inicio de la presidencia de Moïse debía considerarse a partir del 7 de febrero de 2016, y por lo tanto, no debía asumir en 2017, como finalmente ocurrió.
Las protestas antigubernamentales fueron la excusa para no celebrar elecciones legislativas en octubre de 2019 y tres meses después, en enero de 2020, Moïse declaró la «caducidad» del Parlamento, ya que no se renovaron los escaños, venció el período de la totalidad de diputados y de 20 de los 30 senadores que componen la cámara alta. Desde ese momento, el presidente haitiano gobernó por decreto y sin ningún contrapeso institucional.
Desde el 7 de febrero de 2021 la oposición haitiana y las organizaciones de la sociedad civil consideraban a Moïse un presidente de facto. Tras su muerte, Claude Joseph asumió las riendas del país como primer ministro interino del país y luego cedió el cargo a Ariel Henry, quien fue nombrado para el encargo dos días antes del magnicidio, aunque nunca se juramentó.
«No hay condiciones»
El lunes pasado, el Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) anunció que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 26 de septiembre serían postergadas hasta el 7 de noviembre. Pero desde los sectores de la oposición y la sociedad haitiana en general no ve condiciones para realizar comicios por la falta de legitimidad en el órgano y la rampante inseguridad en las calles.
«Actualmente en el país todo el mundo tiene miedo. Cuando una persona sale a la calle, se está preguntando si va a volver a casa debido a la inseguridad», cuenta Bien-Aimé en entrevista con RT.
Desde su experiencia con estudiantes de entre 16 y 20 años, Bien-Aimé refiere que «las condiciones de aprendizaje están muy difíciles en Haití«. El maestro explica que en Puerto Príncipe hay liceos que deben suspender las clases debido a que se encuentran ubicados en barrios populares que son controlados por «paramilitares».
En medio de la incertidumbre política, la falta de rendición de cuentas y las débiles instituciones haitianas, hay más de 70 grupos armados distribuidos en el territorio. Las llamadas «pandillas» roban, secuestran, extorsionan y se han visto envueltas en algunas masacres cometidas en barrios populares.
Una asociación de pandillas llamada G9, cuyo líder es el expolicía Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, controla las áreas de Martissant, Village de Dieu, Grand Ravin, Bas Delmas, Bel Air, Cité Soleil y Fort Dimanche en Puerto Príncipe.
«Las organizaciones de la oposición y las organizaciones populares no quieren participar en las elecciones porque no hay seguridad en el país», explica el maestro Bien-Aimé.
Uno de sus antiguos alumnos de español, Louiniel Estimable, coincide en que «es un verdadero problema hoy para organizar elecciones» y que antes de los comicios se debe «restablecer la seguridad en esos barrios», explica vía telefónica desde París, en donde cursa una maestría en administración pública.
Tanto Bien-Aimé como Estimable aseguran que el Gobierno de Moïse financió a algunas de las pandillas, y por esa razón, se refieren a ellas como grupos paramilitares. De acuerdo a su testimonio, estos grupos armados actúan con total impunidad y han instaurado el terror en barrios populares, incluyendo masacres en La Saline, Bel-Air y Cité Soleil.
Desplazamiento
A mediados de junio, 8.500 mujeres y sus hijos huyeron de sus hogares en Puerto Príncipe por la violencia de estos grupos armados, según denunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés). Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que eran 18.000 las personas desplazadas de sus hogares.
Médicos Sin Fronteras (MSF) también señaló que la situación de inseguridad se deterioró durante el último año en la capital. La organización se refirió a «oleadas de heridos» que llegaron a sus centros de atención, de los cuales, «más del 60% de los pacientes de traumatología» eran «víctimas de heridas de bala o arma blanca».
En febrero, uno de los hospitales de Médicos Sin Fronteras, que atendía a personas con quemaduras graves en el distrito de Drouillard, fue cerrado por los combates realizados en las inmediaciones. El 25 de mayo, un colaborador de la organización fue asesinado por hombres armados al salir de la clínica en Tabarre.
Propuesta alternativa
Es en este contexto que Bien-Aimé afirma que «no hay atmósfera para realizar las elecciones«, aunque el gobierno haitiano quisiera realizarlas. Por esta razón, el maestro se muestra a favor de que todos los sectores de la vida nacional establezcan un gobierno de coalición que permita, en un plazo de dos años, celebrar elecciones libres y democráticas.
Estimable también apoya esta idea de un gobierno de coalición para dar salida a la crisis política y arreglar «las dificultades que vivimos». Amparado en la historia de la nación, el joven sentencia: «Haití es un país que fue creado en la unión de los haitianos para llegar a la libertad».
Tomado de RT Noticias
