Con el objetivo de mejorar sustancialmente y dar certeza al trabajo legislativo en la Ciudad, Coparmex propone poner en marcha un sistema de evaluación autónomo, conformado por ciudadanos especialistas en diversas materias, con calidad profesional, ética profesional y compromiso con la sociedad.
Considerando la poca transparencia y los insuficientes resultados del trabajo legislativo del I Congreso de la Ciudad de México, la COPARMEX CDMX considera indispensable se ponga en marcha un sistema de evaluación legislativa.
El Centro Empresarial propone a los legisladores realizar los análisis y estudios pertinentes para que en el futuro detecte problemas de omisión, negligencia, falta de acuciosidad y armonización de las leyes, destacó el presidente de la COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno.
Normas recientemente votadas y aprobadas en el órgano legislativo de la capital del país como el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, llamada #LeyDespojo, además de la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Movilidad Sustentable y la Ley de Participación Ciudadana, así como el retraso en la creación de instituciones y nombramientos vinculados al Sistema Local Anticorrupción entre otras, han debido ser modificadas o postergadas por los visibles errores encontrados tras su publicación, mismas que pudieron haber ocasionado un alto costo político y operacional dañino para la ciudad.
Además, este I Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas traducidas en la carencia de informes en su portal de Internet, así como de la misma constitución local que ha sido modificada, pero se carece de una actualización diaria, lo cual deja en la indefensión los derechos de los ciudadanos de esta urbe.
COPARMEX CDMX considera urgente conformar un sistema evaluador desde el punto de vista técnico jurídico y generar los parámetros necesarios para que las leyes que del Congreso emanen, cuenten con un mínimo nivel de eficacia en el establecimiento de políticas públicas que permitan lograr niveles de calidad y sean eficaces para los fines pretendidos.
Jesús Padilla Zenteno recordó que desde el Centro Empresarial en la Ciudad de México, en enero del año pasado se realizó esta propuesta con el fin de que las nuevas leyes o las reformas por realizar “no se contrapongan a las ya existentes e, incluso, a la misma Constitución, evitando de esta forma los juicios de inconstitucionalidad, pero, sobre todo, que se dificulte la litis en la aplicación de los criterios en los diferentes juicios que se observan a diario en los tribunales”.
Los órganos evaluadores propuestos por la COPARMEX CDMX deberían ser conformados por verdaderos ciudadanos especialistas, entre otros, en temas de derecho constitucional para que no existan conflictos de interés y se ponga por encima la calidad profesional, la ética y la responsabilidad y compromiso de la sociedad que realmente quiere cambios en la forma de gestionar la vida pública de la ciudad, dijo Padilla Zenteno.
La evaluación sistemática de la ley es una herramienta que se ha utilizado de manera importante en la experiencia comparada, especialmente en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para optimizar el nivel de eficiencia de los cuerpos normativos y de las políticas públicas que éstos regulan.
En el caso de Chile, en 2010 se creó por parte del Congreso de aquel país el Departamento de Evaluación de la Ley, cuya función principal es la de evaluar las normas jurídicas y proponer, en su caso, mejoras correctivas para dichas normas, a través de una red de organizaciones sociales interesadas en participar en el proceso.
En este sentido, al definir para cada ley metas, estándares, objetivos, indicadores y agentes responsables, la evaluación sistemática mejorará la rendición de cuentas a la ciudadanía y, por esta vía, la calidad de nuestra democracia.
Es importante recordar, dijo el empresario, que un gobierno es eficaz no solo por aprobar una alta cantidad de leyes, sino porque esas leyes cumplan con los objetivos planteados en los planes de gobierno de los que los Congresos tienen una gran responsabilidad para que se lleven a efecto.
