El acuerdo para que José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, obtuviera su libertad fue por 2 millones de dólares que se repartirían al menos tres funcionarios adscritos al juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca y el dinero se habría entregado poco antes de las 3 de la mañana del jueves.
Un seguimiento de seis años y la aprobación de una solicitud de intervención telefónica para escuchar por más de seis meses las conversaciones de diversos familiares de “El Mochomo” y otros involucrados con el cártel Guerreros Unidos, permitió que las autoridades federales establecieran la ubicación de Casarrubias Salgado en Metepec, estado de México, a donde acudió a una reunión familiar, y así se logró su captura.
De la misma manera se conoció de las negociaciones para sobornar a funcionarios del juzgado segundo de distrito con sede en Toluca para que lo dejaran en libertad por la acusación de delincuencia organizada, y se obtuvieron los elementos que ahora lo tienen bajo arraigo durante 40 días, tiempo en el cual se perfeccionará otra acusación por delincuencia organizada, y posibilitará que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa concluya sus investigaciones y le impute responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
Funcionarios que participan en el gabinete de Seguridad federal revelaron que parte de la estrategia de la defensa del líder de Guerreros Unidos fue que se desecharan catorce de las más de 40 pruebas aportadas por el Ministerio Público federal con el argumento de que consistían en imputaciones directas provenientes de expedientes ministeriales y que éstas se presentaron en copias certificadas, por lo que no podía dárseles valor probatorio, situación que fue corroborada en la argumentación con la cual se decretó el auto de libertad.
Los entrevistados señalaron también que, en su determinación, la autoridad judicial rechazó las catorce pruebas sin mayor análisis y el resto ya no fueron valoradas, por ello el Ministerio Público ya apeló la resolución y espera que un tribunal revise el expediente y ordene que se le dicte el auto de formal prisión por la acusación formulada la semana pasada y por la cual sus defensores legales y familiares entregaron los 2 millones de dólares a funcionarios judiciales que impulsaron la resolución que favoreció a Casarrubias Salgado.
Cuatro intentos de aprehensión
De los seis años que estuvo prófugo, en los cuatro recientes el gobierno federal buscó detener a José Ángel Casarrubias Salgado; varias ocasiones se le ubicó en distintos puntos de la sierra de Guerrero, pero nunca llegaron a tiempo o las fuentes alertaban de última hora cambio de ruta o de planes del líder de Guerreros Unidos. Sin embargo, desde 2019 se intensificó la búsqueda como parte de las investigaciones del llamado caso Ayotzinapa, indicaron las autoridades consultadas.
En el rastreo participaron inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia (antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Policía Federal Ministerial. La semana pasada que se realizó el operativo en Metepec, aseguraron los funcionarios relacionados con el asunto, todo fue llevado a cabo por el personal policial de la Fiscalía General de la República.
La escucha telefónica que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) rindió frutos para su localización y para el conocimiento de la negociación delictiva que realizaron los litigantes con personal del juzgado segundo de distrito con sede en Toluca, al igual que la estrategia que la defensa de “El Mochomo” tenía lista para evitar que fuera detenido nuevamente por el caso de los 43 normalistas.
Pero, indicaron las fuentes consultadas, el Ministerio Público federal actuó rápido y ordenó la aprehensión urgente con base en diversas imputaciones e investigaciones que lo identifican como líder de Guerreros Unidos, y que es una carpeta que está en integración.
La negociación
La intervención telefónica permitió obtener el siguiente diálogo entre la madre de “El Mochomo”, Francelia Salgado, y uno de sus abogados (el cual puede ser consultado de manera íntegra en La Jornada en la siguiente liga: https://www.jornada.com.mx/ultimas/ politica/2020/07/03/grabacion- de-llamada-telefonica-revela-corrupcion- en-el-caso-mochomo-5162.html):
Abogado: En la mañana nos (…) comentó la licenciada, y a mí el amigo, que ya estaba listo el trabajo; es decir, ya terminó el proyecto, ya nomás están esperando nuestras pruebas para agregarlas, sustentar su proyecto y listo. Ya él lo iba a pasar alrededor de la 1 de la tarde con la jefa para que lo aprobara, si acaso le hará dos, tres correcciones de redacción, ortografía y detallitos, pero, lo importante, pues ya está.
Entonces, le comentaba yo a su hijo, esta persona nos comentó que bueno, que ya estaba todo hecho y que si podíamos ir avanzando con el tema económico, inclusive me citó ahorita a las 6 de la tarde, por eso le había yo comentado del tema económico. Pero, no sé, usted indíqueme.
F: No, acuérdese que quedamos que, como dicen: dando y dando.
A: Sí, ya ve que esa fue la idea original, entonces por eso ya no, este…
F: Nosotros no nos vamos a echar para atrás. Ya ve que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando.
De esa manera, el gobierno federal tuvo elementos para exhibir que en la resolución judicial existió corrupción, y por ello se han iniciado dos investigaciones, en las cuales se indaga a todo el personal del juzgado segundo de distrito, una a cargo del CJF y la segunda por parte de la FGR.
Asimismo, las pruebas obtenidas de esta intervención telefónica permitieron la apertura de otra carpeta de investigación relacionada con hechos de corrupción que podrían derivar en acusaciones de delincuencia organizada en contra de familiares de El Mochomo y los funcionarios federales, señalaron las autoridades entrevistadas.
Mientras tanto, José Ángel Casarrubias Salgado permanece detenido en el Centro Nacional de Arraigo que se localiza en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde está vigilado de manera especial.
(La Jornada)
