El Juez Tercero de Distrito con residencia en Tapachula Chiapas, Felipe Sifuentes, negó el amparo a Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra la orden de captura que emitió la subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO).
El juez estimó que los cargos que enfrenta Zebadúa González son graves y ameritan la prisión preventiva, por lo que no procedió el amparo, por lo que la Fiscalía General de la República puede proceder en su contra en cualquier momento.
Dentro del mismo juicio, la hermana del excolaborador de Rosario Robles, Lourdes Zebadúa González, solicitó que se le otorgara el amparo contra una posible orden de aprehensión por presuntamente haber gastado 58 millones de pesos de dinero público en casinos.
El juicio de amparo fue promovido por Emilio Zebadúa el 31 de mayo pasado donde demandó que se excluyeran presuntas pruebas ilícitas presentadas por la FGR en la investigación abierta en su contra bajo la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019.
De acuerdo con el escrito de Zebadúa González también buscaba que se evitara la confiscación de bienes ya sea que fueran de su propiedad o de su hermana Lourdes.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la FGR en contra de los hermanos Emilio, Lourdes y Ramón Zebadúa González, a quienes acusó de probables operaciones con recursos de procedencia ilícita por 205 millones de pesos.
El 31 de octubre pasado, Emilio Zebadúa solicitó acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de proporcionar información relevante en torno a la investigación que realizó la Auditoría Superior de la Federación sobre triangulaciones a través de la Sedesol a universidades públicas y de ahí a empresas inexistentes o fantasmas, con lo que se lograron desviar cerca de 7 mil 500 millones de pesos, en una operación que se denominó “La Estafa Maestra”.
Para alcanzar ese beneficio legal, Emilio Zebadúa acusó a su exjefa Rosario Robles y a su secretario particular Ramón Sosamontes, de haber participado en esa presunta confabulación para desviar recursos públicos.
(La Razón)