Por:Rubén Díaz Avelino
Al analista de Gobernación lo corrieron en 2015, ganó el juicio, lo reinstalaron hace dos años y le adeudan más de 2.6 MDP
El Consejo de la Judicatura Federal mediante un juzgado de distrito, emplazó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a pagar hoy lunes 17, un juicio laboral y dos años de salarios a un analista de la Secretaría de Gobernación, o lo multan por desacato hasta con más de cien mil pesos y de persistir en la negativa, el propio juzgado procedería a exigir la destitución del mandatario si continúa el desacato.
Lo anterior es consecuencia directa por la falta de pago del juicio laboral del expediente 372/2015 por el que la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Puebla le debe más de dos millones y medio de pesos a su trabajador analista Francisco Valencia, tanto de salarios caídos y otras prestaciones, como de dos años que el empleado ha laborado, tras su reinstalación en la dependencia referida.
El orden cronológico de esta situación empezó en 2015, cuando el extinto Rafael Moreno Valle corrió a miles de trabajadores, entre ellos Francisco Valencia, quien demandó al gobierno estatal por despido injustificado con el expediente 372/2015.
El tiempo pasó y el despedido ganó el juicio que derivó en su reinstalación hace 12 meses y el pago de salarios caídos. Desde su reinstalación, el afectado ha trabajado 24 quincenas como analista en la Secretaría de Gobernación, donde sufre discriminación y violencia laboral por orden directa del director Jurídico Jesús Arrona, quien siempre contó con la complicidad del extinto Miguel Barbosa Huerta, quien en este caso y otros miles de casos se dedicó a “patear el bote”.
Ante esa situación, Francisco Velencia promovió distintos amparos, el último de éstos fue el número 1761/2022, obsequiado por el juzgado segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Sin embargo, en dicha dependencia hicieron caso omiso nuevamente, y ante eso, el referido juzgado determinó vincular, el pasado 14 de febrero del año en curso, al Gobernador del Estado de Puebla, a quien se le solicitó determinantemente, que en su calidad de superior jerárquico diera cumplimiento al mandato judicial.
Los abogados del área Jurídica de la Secretaría de Gobernación, impugnaron dicha vinculación, únicamente para retrasar más el acceso a la justicia que tanto ha solicitado el trabajador, pero una vez que tuvo conocimiento un Tribunal Colegiado, de que sólo era una maniobra legaloide para persistir en la violación permanente y sistemática de los derechos laborales de dicha dependencia estatal, decidió negar tal impugnación.
En consecuencia, el pasado tres de julio del año en curso, el juzgado de distrito le requirió y ordenó al titular del ejecutivo del estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico, a que realice y cumpla con todos los actos necesarios para que se pague eficazmente el laudo al que salió condenada la Secretaría de Gobernación.
El documento que ya está en poder de la multi referida dependencia y saben del apercibimiento al gobernador del estado, que en caso de que no se dé cumplimiento, el mandatario se haría acreedor a una multa que podría rondar de los $10,374 a los $103,740 pesos.
Lo peor es que si no se paga al trabajador lo que por ley le corresponde, y que este lunes 17 de julio se vence el término, en caso de continuar en desacato al mandato judicial federal, se le informará al Tribunal Colegiado de Circuito para que inicie un procedimiento que puede culminar con la separación del cargo del gobernador, además de su consignación.
El abogado laborista que lleva el caso, refiere que “simplemente no es posible que en un estado en donde en el último sexenio hemos tenido cinco gobernadores, no haya sido suficiente y se esté poniendo en riesgo la estabilidad social, económica, política, laboral y de gobernabilidad, como si a estas alturas fuera necesaria otra una destitución ante esta situación”.
Por lo anterior, el abogado urgió que le informen al Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de las malas prácticas y violaciones a derechos humanos que se están realizando en todas las dependencias y muy en específico en la Secretaría de Gobernación, donde se violentan los derechos laborales de sus trabajadores, cuando son los burócratas, los primeros en confiar que en Puebla se respeta el Estado de Derecho.
La información de este caso se encuentra disponible en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, con el número de Expediente: 1761/2022; fecha del Aúto: 03/07/2023 y fecha de publicación: 04/07/2023.
Por si las dudas y la precastinación persiste, aquí se las resumo, pues es importante mencionar que en dicho documento se específica: “…Requerimiento de cumplimiento a autoridad vinculada.
Por otra parte, vistas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 193 segúndo párrafo, 194 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Gobernador del Estado de Puebla, toda vez que al ser superior jerarargico de la Secretaría demandada, tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia, por lo que, está obligado a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para que ésta cumpla, eficazmente el laudo al que fue condenado en el juicio laboral de origen, por lo que se le tiene como autoridad vinculada para realizar el cumplimiento en el presente juicio de amparo; lo anterior, a efecto de que en el término de tres días legalmente compútado, requiera a la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, parte demandada en el juicio laboral de origen … y le ordene cumpla con el laudo de mérito en los términos allí planteados.
Apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Asimismo, se apercibe a la autoridad vinculada, que, en caso de incumplimiento, además de la sanción económica, antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación…”
