| La pandemia del COVID-19 ha creado una nueva normalidad para todos con órdenes de confinamiento en casa y pautas de distanciamiento social, pero para los miles de millones de personas que viven en pobreza en las urbes, estas medidas no son sólo gravosas, sino esencialmente imposibles de llevar a cabo. Estas pautas suponen que los ciudadanos tienen un espacio de vivienda adecuado, acceso a servicios básicos, una fuente de ingresos y redes de seguridad social para sobrevivir durante este tiempo, algo que no empata con la realidad de ciudades en Asia, África y América Latina, entre ellas México. |
Pese a que apenas se comienzan a detectar los primeros efectos de la pandemia mundial del COVID-19, ya es claro que la enfermedad marcará a las ciudades durante generaciones. Ante esto, resulta imperativo entender que la respuesta que adopten las urbes para hacer frente a la pandemia debe ir de la mano con la creación de urbes más igualitarias y resilientes a futuros brotes de otras enfermedades y a otros desastres.
A continuación presentamos algunas formas en las que la pandemia actual afecta a las ciudades, y cuáles son algunas de las soluciones para mitigar ese impacto y a la vez construir urbes más fuertes y resilientes.
Un golpe al acceso a servicios básicos
Como se expone en el informe Hacia una ciudad más igualitaria, realizado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), la falta de acceso a servicios esenciales como el agua, la vivienda y la salud han complicado (sino hasta imposibilitado) que miles de millones de las personas más vulnerables cumplan a cabalidad con las medidas impuestas para disminuir la velocidad de propagación del COVID-19.
El distanciamiento social es una medida crítica para hacer frente a la pandemia, pero parte del supuesto de que las personas cuentan con el espacio de vivienda, los servicios básicos y las redes de seguridad social adecuados para poder practicarla. En ciudades de Asia, África y América Latina la realidad está muy lejos de ser compatible con ese supuesto.
Reconocer que existe una profunda desigualdad social en las ciudades y garantizar el acceso universal a los servicios básicos es clave para aplanar la curva de contagio y del coronavirus y para construir resiliencia.
1. Los proveedores de atención la salud, tanto gubernamentales como privados, deben redoblar sus esfuerzos para proporcionar acceso a los servicios de emergencia en las zonas más desatendidas de las ciudades, así como para ayudar a los que necesiten ponerse en cuarentena. Los datos sobre el acceso a los servicios de salud y los espacios para realizarse la prueba de COVID-19 pueden ayudar a las ciudades a identificar los puntos conflictivos.
2. Los gobiernos municipales deben trabajar más estrechamente con los líderes comunitarios y las ONG que trabajan en los asentamientos informales y otras comunidades de riesgo, tanto para comprender mejor lo que está sucediendo sobre el terreno como para comunicar mensajes sanitarios clave.
3. Los datos que se actualizan principalmente en estos momentos son nacionales, mientras que muchas de las decisiones sobre la contención se toman a nivel local. Se debe dotar a las ciudades de flujos de datos más granulares y actualizados periódicamente para que funjan como una base sólida para la toma de decisiones.
Viviendas asequibles y acceso a espacios públicos verdes
Actualmente, más de mil millones de personas viven en barrios marginales y asentamientos informales en todo el mundo. En las ciudades en desarrollo, entre el 50 y el 80 por ciento del empleo es informal. Muchas de estas familias viven al día y habitan en vecindarios con una alta densidad poblacional y con un acceso pobre a servicios básicos. Muchos no tienen cuentas bancarias, contratos laborales o algún tipo de seguro. En resumen, carecen de los recursos para obedecer las órdenes de confinamiento y sobrevivir.
Es necesario que se adopten medidas temporales y a largo plazo para que las personas tengan acceso a viviendas asequibles y a espacios públicos, y que ayuden a garantizar un crecimiento urbano planificado que mejore las condiciones de vida de los residentes de asentamientos informales.
Dichos cambios permitirían que las personas puedan respetar las medidas para hacer frente a la pandemia, como el distanciamiento social, y evitarían que el número de habitantes sin acceso a una vivienda en las ciudades aumente. Se estima que para el año 2025 esa cifra podría llegar a los mil 600 millones de habitantes.
Por otro lado, los parques y áreas verdes son de los pocos espacios en las urbes que han experimentado un aumento en las visitas durante la pandemia, lo que pone de manifiesto la necesidad de incluir espacios abiertos, cuencas hidrográficas, bosques y parques en la planificación urbana futura. Dichos espacios pueden ayudar a las ciudades a implementar servicios de emergencia y protocolos de evacuación cuando así lo requieran.
Agua, saneamiento e higiene
Invertir en saneamiento y en garantizar el acceso universal al agua potable es esencial para la salud pública. Los gobiernos deberían priorizar tres estrategias:
1. Invertir de manera generosa en el acceso al agua potable y en saneamiento para hacer el agua más asequible y garantizar el suministro para todos
2. Gestionar eficazmente los recursos hídricos para que todos, incluyendo las comunidades más marginadas, dispongan de acceso a agua potable
3. Impulsar de manera masiva la inversión en infraestructuras naturales como cuencas hidrográficas boscosas y las llanuras aluviales, que son suministros abundantes de agua potable
Invertir en las medidas anteriores no sólo ayudará a que las comunidades estén listas para afrontar futuras crisis hídricas y de salud, sino que también genera réditos atractivos para las comunidades que las aplican, pues está demostrado que pueden impulsar de manera importante la generación de empleos y el aumento de salarios.
Otras soluciones incluyen garantizar acceso a las instalaciones básicas de agua y saneamiento de forma gratuita. Servicios como camiones cisterna provistos por el gobierno, instalaciones móviles para lavarse las manos y otras formas de respuesta rápida -especialmente en los barrios marginales y vulnerables- podrían proporcionar una mejora inmediata. Y, siempre que sea posible, los organismos deberían trabajar a través de las redes existentes de proveedores de servicios privados y alternativos para acelerar la prestación de servicios.
La paralización del transporte
Las restricciones en los viajes, tanto locales como internacionales, es uno de los cambios más evidentes en el funcionamiento de las ciudades en todo el mundo. Las restricciones además han tenido repercusiones de gran alcance en la productividad, la contaminación atmosférica y las emisiones de carbono. Sobre este último punto, sin embargo, experiencias pasadas muestran que las reducciones en emisiones contaminantes derivadas por una recesión económica son muy probablemente temporales.
En momentos que la gente evita las multitudes y el movimiento está restringido, el uso del transporte público ha disminuido drásticamente.
Un ejercicio de análisis realizado por WRI México con el apoyo de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), estimó el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector en trece ciudades de México.
El análisis encontró que el 38 por ciento de las personas de la muestra que han cambiado su modo de transporte sufrieron un aumento en su gasto destinado para ese fin del doble o más del doble, lo que impactó en su ingreso e incrementó su vulnerabilidad ante la emergencia.
Además, hasta el momento, se estima una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos para el sector y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
El ejercicio recomendó la adopción de las siguientes medidas:
1. Adoptar una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
2. Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
3. Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
4. Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
5. Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
6. Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
7. Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
La pandemia de COVID-19 pone al descubierto dos hechos inevitables sobre nuestra realidad: estamos más interconectados que nunca, y las ciudades están en la primera línea en esta crisis y estarán así ante cualquier crisis igualmente globalizada en el futuro.
