El Colectivo rechaza la creación de la Guardia Nacional y otorgar facultades
permanentes a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad
pública.
• Las propuestas para modificar algunos puntos del dictamen de reforma
constitucional con la supuesta intención de convertir la Guardia Nacional en un
instrumento de seguridad pública civil, es una simulación.
• Decir que el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin
sustancia. El dictamen y las propuestas para modificarlo, crean un cuerpo de
carácter militar, con facultades de realizar de forma permanente tareas de
seguridad pública.
• La creación de un nuevo cuerpo de seguridad debe garantizar su inequívoco
carácter civil. Para ello es innecesaria una reforma constitucional.
El dictamen de la Cámara de Diputados, que plantea reformar la constitución para crear
la Guardia Nacional, conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos, implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia, lo que cierra las puertas a un
modelo de seguridad sostenible, civil y profesionalizado de largo plazo y, con ello, a la
construcción verdadera de paz.
La propuesta del nuevo gobierno y la mayoría legislativa, con todo y las propuestas de
cambios que circulan desde ayer, faculta expresamente a la Secretaría de la Defensa
Nacional para realizar tareas de seguridad pública, al establecer cambios en el artículo 21, afirmando que la Guardia Nacional forma parte “de la dependencia del ramo de la
defensa nacional en lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina, régimen de
servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación.”
Además, en la propuesta para el artículo 13, se establece el fuero militar para la Guardia Nacional al señalar que “las faltas a la disciplina militar a los que incurran los
miembros de la Guardia Nacional serán conocidos por las autoridades militares
correspondientes”.
Queda claro que si la naturaleza de la Guardia sigue siendo militar, llamarla civil no
reducirá los riesgos latentes de violación de derechos humanos, impunidad y opacidad de operación de la seguridad pública. Mientras sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien encabece la estrategia y operación de la Guardia, la naturaleza de la guardia sigue siendo militar. La hace, eso si, un intento de engaño más en el que la Ley de Seguridad Interior fue solo el más reciente capítulo.
Preocupa la declaración del Presidente de la República, esta mañana, al afirmar que
“acerca del mando, la propuesta es que lo administrativo dependa de la Secretaría de
Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa”,
lo cual muestra que las audiencias llevadas a cabo la semana pasada fueron una
simulación así como el supuesto consenso para dotar a la Guardia Nacional de un mando civil, expresado por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, hacemos público nuestro informe sobre todo el proceso legislativo de este nuevo proyecto de militarización de la seguridad pública,
en el que destacamos la ausencia de la voz de víctimas de la violencia, damos cuenta de lo expresado en las audiencias de la semana pasada y presentamos una propuesta
alternativa al paradigma a la seguridad militarizada a partir de 7 elementos
imprescindibles. Estos están basados en la convicción de que los problemas de violencia e inseguridad que vive el país deben abordarse de forma integral, sin necesidad de trastocar la Constitución:
1. Respeto a la Constitución vigente y a los tratados internacionales.
2. Adopción de medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad
pública, sólo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29
y 119.
3. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
4. Profesionalización de las policías civiles. Cualquier esquema o cuerpo de seguridad
debe ser de mando y disciplina civil como establece el marco constitucional vigente
y el derecho internacional aplicable.
5. Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública.
6. Regulación en Ley del uso de la fuerza.
7. Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad.
Exhortamos a todas y todos los miembros del Congreso de la Unión a rechazar el
dictamen y las propuestas de modificación hechas, no aprobarlo en el periodo
extraordinario que iniciaría el próximo miércoles y a replantear la discusión del
modelo de seguridad que requiere nuestro país.
La militarización es incompatible con un proyecto de construcción de paz. Si queremos
reducir la violencia, debemos hacer las cosas distintas.
