El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.
Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.
Las estrategias de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se centraron en una lógica militar que ha dejado a México en una situación de crisis humanitaria y violencia cotidiana. El iniciar y continuar una guerra en donde toda la población se convirtió en el enemigo potencial del Ejército ha destrozado el tejido social. La evidencia que arroja este complejo período ha mostrado que la militarización no solo no ha contenido la escalada de violencia en gran parte del país, sino que la ha aumentado.
Después de estos 12 años, después de Ayotzinapa, Tlatlaya y de miles de casos de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, resulta absurdo seguir diciendo, como lo dice la misma iniciativa de la Guardia Nacional presentada por MORENA que “hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país”, y afirmar simplistamente que “se han mantenido al margen de la oligarquía político-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30 años”. Es hacer caso omiso de los miles de testimonios y pruebas que hay de que las Fuerzas Armadas han desaparecido, torturado, asesinado, violado sexualmente no solo a miembros del crimen organizado sino a la población en general. La iniciativa presenta a las FFAA como víctimas de la guerra y no como lo que han sido: uno de las partes agresoras en esta guerra.
La lógica de seguridad pública que impulsa López Obrador prioriza la protección del Estado con acciones reactivas y represivas, en lugar de impulsar un modelo que favorezca estrategias preventivas y disuasivas centradas en el bienestar de los ciudadanos. Significa la continuación de una estrategia centrada en la acción militar y en la pacificación por medio de la fuerza, lo cual representa una absoluta contradicción. El camino que perfila la propuesta de López Obrador deja completamente acotada la lógica civil, y la capacidad de estructuras civiles para llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. No existe un esquema de mando, control o siquiera de supervisión civil de esa policía militarizada que pretende conformar.
A pesar de que la iniciativa menciona de manera general y ambigua que “las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente”, no ha surgido dentro de los múltiples planes del equipo de transición una propuesta clara parasometer a los militares que han estado involucrados en esta guerra a ser potencialmente investigados o juzgados por instancias civiles. Hacer que las FFAA rindan cuentas ante las estructuras civiles del poder público es algo indispensable para contener la impunidad que les ha caracterizado. Si bien existe un grave problema de corrupción policíaca, la Marina y el Ejército son los que han tenido más denuncias por violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos no se detienen por prometer que se van a detener, ni dependen de promesas o de la buena voluntad de una persona, se necesitan mecanismos claros y contundentes.
Más allá de declaraciones ambiguas, López Obrador no ha presentado una ruta clara que abra la puerta a que la Corte Penal Internacional investigue los casos de crímenes de lesa humanidad en México. Una señal clara de ruptura de los pactos de impunidad, que como la corrupción, han generado la crítica situación en la que está México, sería que sean debidamente investigados, juzgados y castigados los altos mandos militares, gobernadores y presidentes que hayan estado involucrados en los crímenes de esta guerra.
El simple perdón no es el camino, el perdón que ha planteado López Obrador a los ex-presidentes no es más que una muestra de que el pacto de impunidad será nuevamente una constante y de que este “nuevo gobierno” finalmente formará parte de la misma cadena de promesas, impunidad y simulación que ha caracterizado al Estado mexicano. Como han dicho los familiares de las víctimas de esta guerra: sin justicia no hay paz
Después de los foros propuestos por el propio López Obrador, los reclamos de justicia y el rechazo a la continuación indefinida de la militarización del país parecen haber quedado ahogados en una simulación de escucha. La pacificación mediante el uso de la fuerza deriva en mayor miedo y violencia, para tener seguridad y paz es necesario un proceso serio, claro y sensible de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza y solidaridad.
El número de votos con los que ganó la presidencia López Obrador no pueden representar un cheque en blanco, ni la justificación de una mayor polarización, la eliminación del disenso o la anulación del debate. No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias. Usar la legitimidad electoral y el control político de la mayoría de los espacios de representación que les dieron los votos de ciudadanos desesperados para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso.
Nodo de Derechos Humanos
