Morena reinició este miércoles una auditoría financiera a la gestión de Yeidckol Polevnsky por el boom inmobiliario durante su gestión, en que invirtió 810.5 millones de pesos en la compraventa de inmuebles y en contratos de obra, y comprometió el pago por 433.4 millones de pesos más.
En total estaría en duda, al menos, la legalidad y el fundamento de pagos y ofertas de pago por un total de mil 243 millones de pesos de enero de 2019 a los primeros meses de este 2020.
En sesión virtual del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena realizada la semana pasada, se acordó realizar esas revisiones financieras y crear dos comisiones, una de tipo especial y otra para revisar si hubo las autorizaciones estatutarias de las dirigencias estatales morenistas.
El CEN morenista autorizó al presidente provisional, Alfonso Ramírez Cuéllar, a que «constituya de manera inmediata un cuerpo técnico de abogados especialistas en materia civil y mercantil, administrativo y penal, para que emitan un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se puedan emprender» para resolver el caos inmobiliario en Morena y que podrían llevar a la cancelación de contratos.
Pero «si derivado de los resultados de la auditoría se desprende que se ha ocasionado daño patrimonial al partido político nacional Morena se deberá dar parte a las autoridades competentes para lo que en derecho corresponda», establece el documento.
Las transacciones no han sido aclaradas en su totalidad, pues ha habido, según ese partido, una «negativa reiterada» (hasta en cuatro ocasiones) de Polevnsky a dar información sobre la compra de inmuebles para las sedes nacional y estatales de ese partido, razón por la que se dio vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) para que en su caso proceda a sancionar.
Desde la entrega-recepción de la dirigencia a Ramírez Cuéllar, como líder provisional, se le pidió la documentación original de contratos, anexos, escrituras, actos notariales, recibos de pago, facturas emitidas y comprobantes de pago en su caso, y sólo en caso de no contar con ellos copias certificadas o simples de los mismos.
Pero no ha entregado nada y de lo que parcialmente informó el secretario de Finanzas, Joel Frías, se desprende que por órdenes de Polevnsky y en algunos casos por otros dirigentes estatales, hay tres bloques de inmuebles que suman mil 243 millones de pesos.
El primero fue la compra y pago total de ocho inmuebles por 127.3 millones de pesos. Entre ellos están uno en la Ciudad de México que costó 75 millones de pesos, uno en Cuernavaca por 1.2 millones; en Chihuahua otro de 12 millones de pesos, en Quintana Roo uno por 7 millones de pesos, en Guadalajara por 14.3 millones de pesos y en Zacatecas uno más de 6.1 millones de pesos.
En tanto, se compraron otros inmuebles por 288.2 millones de pesos, pero de ellos aún están pendientes de finiquitar 190.9 millones de pesos. En este caso el CEN ordenó realización de avalúos para conocer el valor real de lo adquirido, que incluye dos inmuebles en la ciudad de México, uno de 42 millones y otro por 215 millones de pesos, uno en Aguascalientes por 9.1 millones de pesos y en Guanajuato otro de 14 millones de pesos.
Adicionalmente hay otro bloque de edificios por adquirir, sobre los que no habría contrato de promesa de venta ni pago alguno, pero se habrían comprometido –informalmente- 433.4 millones de pesos más. Destacan dos en la ciudad de México por 66, 48.8 y 39 millones de pesos y tres en el estado de México por 21.5, 16 y 25 millones de pesos.
Empero, de todas las operaciones financieras destaca, de acuerdo a los documentos de Morena, que el 50 por ciento de los inmuebles propuestos para su compra venta fueron propuestos por Enrique Borbolla García, del mismo Grupo EBOR.
Fue a ese mismo empresario y grupo al que por órdenes de Polevnsky se pagaron los montos más grandes, 395 millones de pesos en dos exhibiciones, en orden girada el último día de 2019, el 31 de diciembre.
Pero estos dos pagos no fueron para comprar inmuebles sino por conceptos de contratos de obra, es decir remodelaciones, restauraciones.
Según las revisiones iníciales, en ninguno de los casos se ha acreditado sustento jurídico o autorizaciones de los diferentes órganos de dirección morenista.
Por eso, ante la presunción de un daño patrimonial o bien, de operaciones sin autorización legal y estatutaria, se acordó reiniciar la auditoría; constituir la comisión especial y definir si es necesario cancelar contratos.
Los resolutivos del CEN indican que la auditoría reinicia este 10 de junio para que concluya a más tardar en 30 días naturales y la comisión de tres integrantes deberá entregar su reporte en 15 días.
La decisión se dio en sesión virtual del CEN realizada el pasado viernes, de la que se ausentó Polevnsky, quien fue emplazada por una quinta ocasión para entregar documentos.
(El Informador)
