Morena en la Cámara de Diputados presentó una ley de amnistía para los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pero acotó que la propuesta solo tiene como fin que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdona; en caso de que no, retiraría el proyecto.
En la iniciativa, firmada por Pablo Gómez y acompañada por otros diputados de Morena, se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas del pasado.
“¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los ex presidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar”, señala.
En ese sentido, refiere que la iniciativa sería el origen de la pregunta a realizarse en una consulta popular.
“Si la decisión mayoritaria fuera por sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa”.
Gómez Álvarez dice que él es contrario al olvido, pero también a que este deje de resolverse en los hechos y por ello debe resolverse mediante “el dictado popular, con u no al olvido de facto…. Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”.
El vice coordinador de Morena sostiene que la respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos de los eventuales inculpados.
En ese sentido, señala que de aprobarse, la ley beneficiaría a los ex presidentes al “no saber detenidos ni procesados, en el futuro, por los muchos hechos”.
Precisa: “La amnistía extingue las acciones penales respecto de los delitos dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable”.
(La Jornada)
