Alrededor de 250 vecinos del pueblo de Cuautepec obtuvieron una suspensión provisional otorgada por un juez federal en contra de la construcción del Cablebús que correrá del Metro Indios Verdes a Barrio Alto, dio a conocer el abogado de los quejosos, Antonio Ortega Barco, quien advirtió que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no han demostrado la legalidad, la constitucionalidad y que la obra no causa perjuicio al interés jurídico de los ciudadanos que solicitaron la protección de la justicia.
La suspensión provisional que consta de más de 200 fojas dice por un lado que la construcción del Cablebús no se detiene porque es un sistema de orden público e interés social, pero por otro dice que se otorga la suspensión de dicho proyecto por lo que hace a los derechos de los quejosos, o sea que el Cablebús podrían seguirlo construyendo, pero no si causa perjuicio a los quejosos que formaron el amparo y a los que la justicia federal otorga la suspensión, explicó el abogado.
De acuerdo con Ortega Barco, los quejosos no pueden ser desalojados arbitrariamente, ni pueden ser molestados de la posesión de sus bienes inmuebles. “El Cablebús no puede ser construido por abajo, por arriba, por los lados, hasta que no se resuelva el juicio constitucional; esto quiere decir, hasta que la autoridad logre demostrar que esa construcción del Cablebús es legal, constitucional y no afecta derechos de los gobernados, como los derechos de propiedad, de posesión, a un medio ambiente sano, a la privacidad, etc”, destacó.
El juicio, dio a conocer el abogado, fue iniciado por alrededor de 3 mil personas, pero sólo lo ratificaron 250, quienes están protegidos contra actos del Gobierno de la Ciudad de México y la empresa constructora porque de lo contrario estarían incurriendo en el delito de violación a la suspensión del acto reclamado, ordenado por un juez federal.
La sentencia definitiva del juicio de amparo se dará después del 5 de mayo de 2020, fecha tentativa en la que regresarán a trabajar los juzgados federales por la emergencia del Covid-19, por lo que hasta en tanto no haya una decisión apegada a la Constitución, las obras no podrán continuar alrededor ni en la propiedad de los quejosos.
“Vamos a esperar qué contesta la autoridad (Gobierno de la Ciudad de México) porque al día de hoy no ha podido demostrar la legalidad, la constitucionalidad y que no causa perjuicio al interés jurídico de los ciudadanos que solicitaron la protección de la justicia”, finalizó Ortega Barco.
