La mejor manera de prevenir el coronavirus es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Esta recomendación que hemos escuchado tantas y tantas veces, y que parece sencilla, en realidad para muchos resulta muy difícil de cumplir si consideramos que, según el Coneval, Puebla destaca entre los estados con menor abastecimiento de agua en tomas domiciliarias y que más del 50% de las viviendas se surte de una a dos veces por semana y de manera muy reducida.
Además, desde el 2014, año en que se privatizó el agua, se han documentado tan solo en nuestro municipio, miles de cortes al servicio y escases en diversas colonias. Todos sabemos que el agua en todo momento, pero sobre todo en los tiempos del coronavirus, es estratégica; y que esta pandemia en medio de una crisis del suministro del vital líquido evidencia que los sistemas de privatización, más que satisfacer la demanda, han lucrado con dicho líquido vital.
Bajo este contexto, como lo declaró recientemente el subsecretario López- Gatell, es responsabilidad de los gobiernos estatales, y en algunos casos municipales, garantizar el suministro de agua potable a todos sus habitantes. Para el caso de que los servicios se encuentren privatizados, la obligación estatal consiste en hacer cumplir a las concesionarias.
Es por eso que nuestra Presidenta, Claudia Rivera Vivanco, desde hace días, a través de dos de sus secretarios, solicitó de manera urgente que se realizara una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del SOAPAP, que preside el gobernador Luis Miguel Barbosa, proponiendo como orden del día que se instruya a al director general del SOAPAP para que por sí mismo o mediante la concesionaria Agua de Puebla, se garanticen los suministros de agua en el territorio de nuestro municipio y, también, para que Agua de Puebla rinda un informe detallado de las medidas que se están tomando para asegurar la prestación del servicio y distribución durante esta contingencia.
Es preocupante que, hasta el día de hoy, esta sesión no ha sido convocada, cuando es más que urgente asegurar la dotación de agua para todas las colonias. Incluso, plantear alternativas como la distribución del líquido con camiones cisterna, mejor conocidos como pipas, y, en caso de ser necesario, facilitar los medios de almacenamiento. Y aunque debemos reconocer y dar la bienvenida a lo anunciado por el titular del ejecutivo estatal, donde se informe que quedan prohibidos, sin excepciones, los cortes de agua y se condone el pago de abril a micros, pequeñas y medianas empresas, sostenemos que de manera inmediata, también, debe reconectarse el servicio a todos aquellos usuarios domésticos a los que se les ha transgredido su derecho humano al agua; y que se debe analizar la viabilidad, no solo de condonar pagos a usuarios comerciales, pues se debe considerar también a quienes viven en una situación de vulnerabilidad y en colonias donde el agua llega de manera insuficiente.
Por último, es momento de replantearnos que, el agua no puede seguir privatizada. Ante esta y cualquier contingencia, es evidente que es un asunto de seguridad nacional y salud pública, que deja claro, no es un capricho que el pasado 26 de junio, por mayoría, el cabildo, haya aprobado iniciar el retiro de la concesión y la remunicipalización del servicio. Por eso seguiremos exhortando y recordando a los diputados, especialmente a quienes asumen ser representantes de la transformación, que en sus manos está una decisión de trascendencia histórica y recordarles que, desde el día que asumieron el cargo hasta este momento han pasado ya 570 días y el agua sigue privatizada y la credibilidad es cada vez menor.
