Nancy de la Sierra Arámburo, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), exhorta a la Secretaría de Energía a modificar el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a través de un punto de acuerdo de urgente resolución que somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente en el Senado de la República.
El exhorto aborda dos aspectos importantes: el primero es la modificación del acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2020, para precisar en qué condiciones y procesos se reintegrará a las plantas generadoras de energía eléctrica renovable al Sistema Eléctrico Nacional.
La segunda observación pretende que se establezcan las medidas de mitigación durante y posterior a la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, a efecto de garantizar la buena calidad del aire y equiparar o reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la salida de las plantas de generación de energía eléctrica renovable del Sistema Eléctrico Nacional.
De la Sierra Arámburo, también presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030, emitió el exhorto al considerar que el acuerdo se contrapone al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de dicha agenda, en torno a la generación y consumo de energía asequible y no contaminante.
“En sus metas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 señala que al 2030 se debe garantizar el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética”, expresó.
En el año 2015, durante la Conferencia de Partes edición XXI (COP 21), México firmó el Acuerdo de París que tiene como objetivo principal “descarbonizar las economías”, siendo México el onceavo país emisor de Gases de Efecto Invernadero a Nivel Mundial, con el 20 % del total de emisiones. La contribución establecida se fijó en la reducción del 22 % las emisiones de GEI y en 51 % con respecto a las proyecciones hacia el año 2030.
Señaló que “el Acuerdo no hace a la energía asequible, considerando que encarece a la industria eléctrica y tampoco promueve la energía no contaminante, al privilegiar la producción del combustóleo. Asimismo, las nuevas disposiciones mencionadas contravienen el ODS 12, que busca la producción y consumo responsables, especialmente en la meta 12.2. que plantea lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales para el año 2030”.
