No es viable la re municipalización, ese tema ya fue analizado por la Corte Suprema hace dos décadas y falló a favor del Sistema Operador
En lo único que se debe trabajar es en la reversión del contrato de concesión a una empresa privada, para que el SOAPAP recupere sus facultades y obligaciones, esa es la ruta jurídica a seguir: Manuel Carmona
La remunicipalización del servicio de agua potable en la capital solo es una patraña, una farsa, un show mediático más de lo que acostumbra montar el Ayuntamiento de Puebla que encabeza Claudia Rivera para tratar de distraer la atención sobre los temas de gobierno en los que sí tiene atribuciones y responsabilidades y en los que no tiene la menor idea de cómo resolver.
Así lo denunciaron hoy integrantes del Movimiento Anti Reeleccionista, quienes señalaron que la administración, operación, distribución y cobro del servicio de agua potable en la capital del estado y la zona metropolitana es un asunto que compete al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, lo cual en su momento ya fue analizado en su aspecto técnico por especialistas, discutido por los partidos políticos y llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la figura de una controversia constitucional y determinado que son los sistemas operadores y no los municipios quienes deben estará cargo de este servicio público.
De tal modo que sería un error que no llevaría a nada, una verdadera ociosidad política, propio de un gobierno municipal frívolo e ignorante de sus facultades, como es la administración de Claudia Rivera, que se pretenda legislar sobre un tema que jurídicamente ya se ha declarado concluído por las autoridades y que ha adquirido la categoría de cosa juzgada por el máximo tribunal del país desde hace más de dos décadas.
En su intervención el abogado Manuel Carmona Sosa, vocero del Movimiento Anti Reeleccionista explicó que, la exigencia de universidades, grupos de la sociedad civil, activistas, especialistas de la materia y los usuarios en general, es la reversión del contrato de concesión por 30 años que el SOAPAP hizo a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V.
Es decir, la lucha social tiene como propósito final quitarle la concesión a una empresa privada y regresar el control al SOAPAP, como debe de ser, con una administración eficiente, eficaz y honesta, para lo cual el próximo gobierno una vez que entre en funciones debe destituir de inmediato al actual titular del organismo Gustavo Gaytán, a fin de que sea una nueva administración quien revoque la concesión y recupere el control de este organismo público descentralizado para beneficio de los poblanos.
Carecería de sentido, quitarle el control del servicio de agua potable a una empresa privada para entregarlo al gobierno municipal, pues la ineptitud de la Alcaldesa y de su equipo más cercano de colaboradores está ampliamente comprobada y si no pueden con los problemas que deberían de atender como es el ambulantismo, seguridad pública y los servicios públicos, pues sobra decir que menos van a poder con un tema tan complejo como lo es el manejo de la red municipal de agua en la ciudad y la zona conurbada, pues lo más probable es que provocarían un colapso, finalizó el abogado Manuel Carmona.
