17 de mayo de 2023
Con la finalidad de que la Rectora solicite al titular del ejecutivo estatal, haga suya la propuesta y la envíe al Congreso del Estado para el proceso legislativo correspondiente.
Durante la VIII reunión ordinaria y octava sesión extraordinaria, el H. Consejo Universitario aprobó la propuesta del grupo de trabajo institucional nombrado por la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez para la revisión, actualización y armonización de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la plataforma digital para su consulta. Esta propuesta incluye especificaciones a 27 artículos vigentes, la adición de dos artículos (7 y 8) y la organización de dos nuevos capítulos: II y V, alusivos a Responsabilidad social y desarrollo sostenible y Defensoría de los Derechos Universitarios. De esta manera, serán un total de 29 artículos distribuidos en siete capítulos.
En esta sesión también se aprobó una plataforma digital de consulta, para que en concordancia con el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior para que los universitarios ejerzan su derecho de participación a través de la plataforma de consulta localizada en la página de la BUAP, donde los sectores estudiantil, académico y no académico avalen y expresen sus aportaciones. El periodo de consulta será del 17 al 22 de mayo, disponible las 24 horas del día. Para acceder se requiere ingresar la matrícula o ID; leer los documentos de antecedentes y exposición de motivos, responder a una pregunta y enviar las propuestas u observaciones.
Una vez tomada en cuenta la voz de la comunidad universitaria y se integren las observaciones pertinentes se presentará al pleno del Consejo Universitario quien determinará el acuerdo correspondiente.
Durante su intervención, la doctora Cedillo Ramírez recordó que esta propuesta emana de la necesidad de armonizar la ley, dadas las últimas modificaciones constitucionales en materia de educación. Calificó de trascendentes estos cambios, pues incluyen derechos humanos, así como el compromiso de preservar el medio ambiente.
“Recordemos que en nuestras manos está una gran responsabilidad. Tomemos en cuenta que la mayoría de las universidades no han tenido oportunidad de incidir en sus iniciativas de ley, aprovechemos esta coyuntura para presentar una propuesta que sea respetada por el gobierno estatal y por el Legislativo”, refirió la Rectora.
Con esto, la BUAP busca atender las reformas al artículo 3° Constitucional, a la Ley General de Educación (2019) y a la expedición de la Ley General de Educación Superior (LGES) en 2021, en la que se reconoce al sistema de educación superior en un nuevo marco normativo que incluye el desarrollo sostenible, presente en los contenidos de las universidades.
Esta ley universitaria incorpora así, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; el combate a todo tipo y forma de discriminación y violencia, especialmente contra las niñas, mujeres y personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social. También la constitución de espacios universitarios libres de violencia; el respeto, cuidado y preservación del medioambiente y la biodiversidad; valores como la igualdad, justicia, solidaridad y la cultura de la legalidad.
De igual forma, se incluyen la igualdad de oportunidades para que las personas tengan acceso a la educación superior sin discriminación y la intervención multidisciplinaria en la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres; la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, crecimiento y aprendizaje digital en las modalidades escolarizada y alternativas; la conservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diferentes culturas; y finalmente, la buena gestión de los recursos públicos, a través de procedimientos que permitan la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
La actualización también plantea la homologación en el mecanismo de designación del representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a propuesta en terna de quién está al frente de la Rectoría, de la misma manera que se realiza con la designación de la o el Tesorero/a, Contralor/a y Abogado/a, Generales. Asimismo, para evitar actos discriminatorios por motivos de edad, se elimina la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la Rectoría.
Gracias a esta armonización, que refuerza la autonomía universitaria, quedan plasmadas las nuevas directrices de acción institucional en beneficio de su comunidad, atendiendo con respeto las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
