A través de Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), se celebró el inicio del Diplomado Interamericano de Derechos Humanos con la conferencia magistral Experiencias de Defensa de la Tierra y el Territorio ante megaproyectos de América Latina, siendo sede virtual la IBERO Puebla.
Durante la inauguración, la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), indicó que el diplomado es un esfuerzo interuniversitario que busca contribuir a la cultura del respeto. “La formación integral va a sembrar semillas en la consolidación de acuerdos y acciones para erradicar las violaciones graves a los derechos humanos”, dijo.
En complemento, el Mtro. Amador Domínguez Córdoba, coordinador académico en Educación Continua de la Universidad Jesuita, reconoció que es imprescindible reflexionar sobre la injusta distribución de riqueza en los países latinoamericanos: “Una Universidad jesuita tiene la obligación de incidir en estos escenarios. La perspectiva de derechos humanos es una parte fundamental en el quehacer universitario”.
Defensa de la tierra
La conferencia inaugural corrió a cargo de la Dra. María Luisa Acosta, investigadora de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. Centrándose en la lucha de los pueblos contra los megaproyectos, recordó que las culturas indígenas representan el 95% de la diversidad cultural del mundo.
El criterio utilizado por los censos nacionales para determinar la etnicidad de las personas recae, mencionó, en la “autoidentificación con una etnia o un pueblo indígena, la lengua hablada, la lengua materna o el color de piel o raza”. No obstante, en países como Nicaragua ha habido múltiples complicaciones con los sistemas de censo, lo que ha hecho “desaparecer” a etnias completas.
A través del tiempo, las disputas por el reconocimiento de la identidad indígena y sus derechos ha abierto paso a la consolidación de elementos legales fundamentales, como el hecho de que, partir de la década de 1980, Nicaragua se asumiera como una nación multiétnica y pluricultural.
Otorgar derechos individuales de manera comunitaria también fue un progreso importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha velado por la aplicación de instrumentos que no hablan expresamente de pueblos indígenas. En paralelo, han surgido recursos que reivindican la identidad de las comunidades, como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016).
Resistencia a megaproyectos
MaríaLuisa Acosta relató algunos ejemplos de violación a los derechos de los pueblos.En 2001, la comunidad Mayangna Awas Tingni se enfrentó al Estado de Nicaragua. Tras un fallo a favor de los demandantes, se reconoció que para las comunidades indígenas: “La relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente”.
Desde 2001, en Nicaragua el derecho a la propiedad es entendido como propiedad colectiva de los pueblos debido al valor cosmológico y ontológico de la tierra y los recursos naturales.
Actualmente, existe un conflicto entre el gobierno argentino y la comunidad Lhaka Honhat, donde la segunda exige acciones contra la ocupación no indígena y la inseguridad jurídica, así como el derecho a la propiedad, a la identidad, a un medio ambiente sano y a la alimentación.
Con estos y otros escenarios de disputa, la experta destacó el contraste entre la riqueza natural de las tierras y la discriminación y vulnerabilidad de quienes las habitan yposeen. “Mientras un gobierno ve un potencial desarrollo económico en tierras indígenas, ellos ven la posibilidad de seguir viviendo y heredar los terrenos a sus hijos”, reprobó.
Gran Canal
La Dra. Acosta relató el caso del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN), proyecto concebido en 2013 que iba a atravesar al país de forma transversal. Para llevarlo a cabo, era necesario construir una zanja de más de 300 km de largo. Sin estudios adecuados de impacto social y ambiental, se entregó la concesión a una empresa creada en un paraíso fiscal unos meses antes de la licitación.
El 32% de la ruta, precisó, estaba en territorio indígena y afrodescendiente, además de que atravesaría el Gran Lago de Nicaragua. Entre 2013 y 2019 se presentaron 33 recursos de amparo para frenar la obra. Finalmente, en 2018 se abrió un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En él, se alegó la violación de artículos relacionados con garantías y protección judicial, derecho a la propiedad e igualdad ante la ley, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Tras este recurso, el proyecto no fue aprobado y se quedó sobre el escritorio.
La Dra. María Luisa Acosta propuso que los principios de consulta y consentimiento libre, previo e informado, deberían contemplar la entrega de información técnica y la participación efectiva de las comunidades involucradas, así como estudios previos de impacto social y ambiental.
Cerró su participación recordando que, como sociedades, tenemos que reconocer los derechos humanos para que los gobiernos hagan lo propio. “Las imposiciones no resultan. El haber estado tan cerca de perder el agua y muchos recursos del medio ambiente creó una conciencia colectiva que persiste hasta el día de hoy”, concluyó.
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