- El desarrollo humano implica indisociablemente que los Estados garanticen el goce de derechos humanos para todas las personas.
En la tercera y última jornada del foro Repensar lo social para afrontar la pospandemia COVID-19, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que las universidades jesuitas se han abocado al estudio y análisis de los impactos de la crisis sanitaria en la sociedad.
La pandemia ha traído una serie de consecuencias políticas, educativas y económicas que han impactado en el ejercicio de los derechos humanos. Ante esto, los gobiernos han acudido a medidas restrictivas que vulneran estas garantías. “Estamos aprendiendo a adaptarnos al virus. Los derechos humanos deben estar al frente y al centro de este esfuerzo. Sólo se puede responder a este desafío de manera integral”, concluyó.
Impacto global
Enfrentamos una crisis sin precedentes por varios ejes, desde el número de fallecidos hasta los niveles de desempleo. Este año habrá un retroceso dramático con respecto a periodos anteriores en materia de desarrollo humano. Así lo anticipó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH México).
Se calcula que, en los países subdesarrollados, el 86% de los niños y niñas no han recibido educación durante la pandemia. La falta de acceso a internet y a tecnologías de la información, una de las problemáticas visibilizadas en tiempos recientes, acrecentará esta brecha. “Si no somos capaces de integrar la equidad de nuestras políticas muchas personas se quedarán atrás”, mencionó el experto.
Desde la perspectiva de derechos humanos, continuó Peña Palacios, proteger la vida de las personas es la prioridad. No obstante, la crisis económica correspondiente al confinamiento ha afectado especialmente a quienes no cuentan con recursos para protegerse. “Si el virus persigue a una comunidad, sigue siendo un tema que concierne a todos. Las prácticas discriminatorias nos pondrán en mayor riesgo”.
Latinoamérica y la represión
En el cono sur del continente americano existe una realidad alarmante relacionada con la restricción de derechos, lo cual se agudiza con la pandemia. “Ningún control de emergencia significa un cheque en blanco para los gobiernos. Hay principios fundamentales que los gobiernos deben respetar”, señaló Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Compartió cuatro patrones restrictivos que este movimiento global ha identificado. El primero es el uso de la detención como primer recurso, no en última instancia. Países como República Dominicana registran detenciones masivas empleadas para que la gente cumpla con la cuarentena.
Segundo, el maltrato generalizado hacia las personas que no acaten las medidas sanitarias. Esto se ve principalmente, explicó Jiménez Sandoval, en las personas sin hogar. “El hecho de que estén en las calles no es una situación voluntaria, sino sistemáticamente determinada”.
“Quienes vivimos en Latinoamérica, el nuevo epicentro de la pandemia, esperamos que nuestros gobiernos nos protejan. Esto no va a existir mientras los gobiernos combatan la pandemia con prácticas represivas que vulneran los derechos humanos”: Carolina Jiménez
El tercer patrón, el uso excesivo de la fuerza, se utiliza especialmente para disolver protestas. Reconoció que la pandemia tendrá como consecuencia un aumento en la pobreza alimentaria. “Para muchas personas que están perdiendo sus fuentes de ingreso, la protesta es la única manera de hacerse escuchar. Ante estos escenarios, las manifestaciones públicas se van a incrementar”.
Finalmente, denunció que algunos países han establecido centros de confinamiento en condiciones inhumanas en los que no existe el acceso a servicios de salud. Evocó el caso de El Salvador y las imágenes de reos semidesnudos sentados en fila que dieron la vuelta al mundo.
Asociaciones defensoras
Un reto permanente de los derechos humanos es garantizar la aplicación de los mismos. “Como defensores de derechos humanos debemos documentar todas las omisiones y violaciones que se presenten”, comentó Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ, colaborador del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).
Recordó que el eje central de las garantías jurídicas son las personas. Retomó algunos casos que han sido atendidos desde el PRODH: Olga, Alfonso, Henry y Rosa. Se trata de personas que han sido privadas de su libertad arbitrariamente y a quienes el Centro ha asistido para salvaguardar su integridad física y emocional, así como resolver su situación legal.
No es fácil colocar los debates de derechos humanos en la esfera pública. “Nuestra metodología es ofrecer las historias, no de abstracciones y tendencias. Buscamos generar empatía y solidaridad, lo cual es todo un reto para los derechos humanos en el país”, recalcó Pérez Jiménez, SJ.
Sobre la represión en el contexto actual, señaló que los decretos deben someterse a un control de revisión constitucional. Michoacán, Jalisco y Colima, dijo, han establecido multas para las personas que no cumplan la cuarentena. En contraparte, reconoció que es gracias a las personas que luchan todos los días por sus derechos que se ha logrado impulsar leyes y mecanismos de seguridad pública.
Grupos vulnerables
Existen múltiples actores sociales que corren diferentes riesgos en el escenario pandémico. En lo que respecta a violencia doméstica, las niñas, niños y mujeres son más vulnerables cuando están encerrados en sus hogares con su agresor, situación que concierne al Estado.
Para la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, las cifras hablan solas: en marzo se cometieron 20,236 delitos de violencia familiar y las llamadas de emergencia por parte de mujeres se incrementaron un 20%. En el mismo mes, Puebla registró aumentos del 23.4% en llamadas de auxilio y 11% en violencia sexual.
Arrambide González puso en relieve la vulnerabilidad de las personas migrantes. “De acuerdo con las autoridades mexicanas, a finales de mayo había 12,500 personas en la frontera norte y 9,000 en el sur esperando resoluciones legales”. A su vez, recordó que un total de 1,036 migrantes mexicanos han fallecido en Estados Unidos por COVID-19, de los cuales 136 eran poblanos.
Sobre las personas que pertenecen a las comunidades rurales e indígenas, puntualizó que la vulnerabilidad se agrava debido a la inaccesibilidad geográfica y económica a servicios de salud. “El contexto actual nos permite observar un patrón de ineficacia estatal”, concluyó.
